Hace 6 años escribí este artículo sobre la calidad de la educación y la brecha entre públicos y privados. Lo republico porque, en buena medida, continúa vigente. Lamentable. Ojalá no pueda volver a publicarlo en 6 años más.

La Educación es tema todo el año. En enero, porque los uniformes asoman, cada vez con menos timidez en las multitiendas.

En febrero, es la oferta de créditos para paliar los gastos escolares la que hace nata en la televisión y en las calles.

En marzo, las hordas azul-grisáceas se toman las calles, matizadas por los elegantes colores y diseños de la uniformidad privada.

En el invierno, las lluvias obligan a muchos a quedarse en casa. Y como todos sabemos, cada alumno ausente es platita menos para la escuela, porque la subvención se paga por asistencia.

La calidad y la equidad de la educación en Chile siguen siendo un tema pendiente. La conclusión no está muy oculta. No hay mucho ni de la primera y la segunda casi no existe.

Nuestra vieja y recordada lucha de clases cobra una nueva forma, esta vez no en las calles, ni en los latifundios ni en las fábricas, sino en las salas de clases, los bancos y los patios de las escuelas públicas y los colegios privados.

Ya habrá notado el lector que en Chile escuelas privadas simplemente no hay. Indefectiblemente son colegios o institutos y a veces ni siquiera tienen nombre en español. Desde la denominación va la diferencia.

Los indicadores de calidad son proporcionales a la segmentación económica. A mayor estratificación social, mejores resultados. Por entre las sombras de la mediocridad lucen los esfuerzos de algunos colegios públicos, de algunos profesores, de algunos alumnos, que empinan sus indicadores por sobre la media, así como gritándonos que la educación -al menos en los niveles básico y medio- es un derecho y no un privilegio.

Ellos son los menos, por ende, constituyen noticia. Son una excepción que confirma la triste regla. Y eso desde la cuna. O la sala cuna. Actualmente en Chile, el 41 por ciento de los niños y niñas accede a educación preescolar. Es poco, sobre todo si consideramos la importancia del aprendizaje en los primeros años.

Pero la cosa no queda ahí. De ese 41 por ciento, la mitad corresponde al quintil de ingreso más alto del país y sólo la cuarta parte al quintil más bajo. A menos ingresos, menos posibilidades de ir al kinder.

¿Dónde están las causas de esta aparente debacle de la educación pública? Muy probablemente en una poderosa razón social que pocas veces se tiene en cuenta, pues por lo general atendemos más a los resultados que a los procesos.

Es altamente posible que cada liceo público de cada comuna del país instale, año a año, a una buena cantidad de sus alumnos en las universidades. Tal vez incluso uno o dos cursos completos, 40 ó 60 chiquillos y chiquillas inteligentes, habilosos y bien guiados por profesores que, a pesar de su sobrecarga laboral, se comprometen por sacar adelante a ese grupo que tiene expectativas y posibilidades.

Atrás quedan muchos, los otros 4 ó 5 cuartos medios, ordenados decrecientemente de la C a la H por malas notas, dificultades de aprendizaje o necesidades más urgentes. Y a ellos, a esos jóvenes ciudadanos y ciudadanas -que para efectos estadísticos son sólo un bajo puntaje- la educación pública no puede darles la espalda.

El éxito de la educación privada en Chile consiste en ofrecer una muy buena formación académica y en extirpar a su debido tiempo y sin mayores contemplaciones cualquier elemento que deteriore el sistema. Aquí, el pajarón y el porro simplemente no tienen cabida. El pobre de bolsillo tampoco.

La selección, entonces, no es tan natural. Y la comparación entre públicos y privados, al menos en términos cuantitativos, se vuelve absolutamente viciosa, porque cada cual cumple una función distinta.

La educación pública educa al que tiene aptitudes y capacidades, y también ofrece la misma educación a aquel que no las tiene. Y eso la hace valiosa e importante. La educación privada -muy legítimamente, por cierto- forma alumnos exitosos. La pública no, porque muchos de sus alumnos no aspiran al éxito, porque tal vez son la primera generación de la familia que termina la enseñanza secundaria o porque impera la necesidad de trabajar y de sobrevivir con dignidad ante una vida que les ha tratado con dureza.

En esa función social radica uno de los principales valores de la educación pública. Así lo expresó, hace ya varias décadas, la Ley de Instrucción Primaria, que garantizó la igualdad de acceso a la educación pública para los niños y niñas del país sin importar clase social, condición económica o credo religioso. O sea, es una cuestión de democracia. El resto es sólo negocio.