El camino hacia una reforma laboral de fondo en Chile ha sido más que complejo de recorrer. Un panorama previsible, si se considera que los orígenes del Código del Trabajo se encuentran en un Decreto Ley ?el 2.200- dictado por el Gobierno Militar a fines de los 70, y claramente inspirado en las leyes del mercado, a veces tan parecidas a las de la Selva, es decir, manda el más fuerte. ?El Código del Trabajo de Pinochet se alejaba por completo de la tradición legislativa que por más de 50 años imperó en Chile, sino también de las normas laborales sancionadas por la Organización Internacional del Trabajo OIT?, explica el investigador Fernando Echeverría en un artículo publicado tiempo atrás en el Boletín del Programa de Pobreza y Políticas Sociales. A juicio de Echeverría ?y de muchos otros expertos y no tanto- al someterse al modelo económico el gobierno estaba abandonando el principio fundador de cualquier legislación laboral que se precie: la protección de la parte más débil de la relación, en este caso los trabajadores. En los 90 se aprobaron varias modificaciones al Código del Trabajo, sin que se lograra reestablecer este principio protector. De hecho, todavía es recordado el momento en que, a fines del 99 y poco tiempo antes de las elecciones presidenciales Lagos V/S Lavín, la derecha rechazó el proyecto de ley del gobierno de Frei que pretendía alcanzar cambios reforma de fono del tema laboral. La reforma laboral sólo terminó de tramitarse en septiembre de 2001 y si bien no dejó conformes a todos ?nos habría gustado más, señaló la Central Unitaria de Trabajadores, CUT- al menos significó un avance serio respecto de lo que había en ese momento. Aún así, surgieron voces francamente apocalípticas, como la de José Piñera, campeador de mil batallas del mercado y la dictadura, quien definió las reformas laborales y tributarias impulsadas por la Concertación como ?dos Jinetes del Apocalipsis? que había que encerrar. Y como no podía ser de otro modo, Piñera propuso un golpe de timón que reestableciera la confianza de los empresarios en el Gobierno de Lagos ?como sucedería en 24 horas con un Sergio de Castro o un Hernán Buche en el Ministerio de Hacienda?. Con una soltura de cuerpo absoluta, Piñera se dio el lujo de agregar en esa oportunidad que ?sin este necesario cambio, Chile seguirá cuesta abajo y el gobierno de Lagos será sólo una nota al pie de página en la historia de Chile?. Una nota al pie de página que hoy concita el más alto respaldo ciudadano obtenido por un presidente en Chile y que demuestra que las habilidades predictorias de José Piñera honestamente, no salvan a nadie. La reducción de la jornada laboral de 48 a 45 horas marcó también una importante diferencia de opinión entre gobierno y empresarios. Estos últimos se mostraron reacios a una modificación de ese tipo argumentando que menos horas de trabajo implicarían menor productividad. El criterio cuantitativo no es nuevo en el empresariado chileno, basta para ello dar una mirada al trabajo agrícola, donde los temporeros cumplan jornadas de hasta 55 horas semanales. El interés por maximizar las ganancias no debiera pasar por encima de los derechos básicos y menos aún por sobre la dignidad de las personas. Una idea que al parecer no comparte un importante sector de quienes producen trabajo, el mismo que parece apegado al antiguo criterio patronal, donde el inquilino es vilmente explotado y no sólo debe aceptarlo, sino que también tiene que agradecer que le den trabajo.