A pesar de todo, el control del gasto electoral funciona. A medias quizá, pero funciona. Antes, hasta hace muy poco, no había fiscalización alguna. No hacía falta falsear facturas. La platita iba y venía en efectivo o en cheques personales. Otros tiempos, donde todo era más fácil. Por lo mismo, nunca conoceremos cómo se financiaron las campañas de los presidenciables, alcaldes, concelajes y parlamentarios chilenos ?los de derecha y los de izquierda- entre el 1989 y el 2004, que fue el año en que comenzó a regir el sistema de gasto electoral. No sabremos cuánto gastaron ni de dónde venía la plata, cuáles eran los compromisos adquiridos o los favores prometidos. Quizá sólo podremos intuirlo, tal vez reconozcamos a algún antiguo activista instalado en alguna oficina pública haciendo uso de su derecho adquirido a que el parlamentario de turno le devuelva la mano. En una de esas hasta podríamos imaginar que la plata de la campaña parlamentaria de algunos honorables provino de su propio bolsillo. O de préstamos. Eso al menos han dicho varios de ellos. Pero nada más. Hoy sabemos que Girardi Lavín, don Guido, apeló a los trucos de siempre para justificar sus cuentas tras su elección como senador en diciembre de 2005. ¿Eran los de antes más honestos? ¿O sólo era más fácil, pues no había nada que explicar? En el año 2004 se promulgó la ley 19.884 y sus modificaciones, titulada ?Sobre transparencia, limite y control del gasto electoral? con la finalidad de ?orientar el financiamiento, los límites, el control y las medidas de publicidad de los gastos electorales que realicen los partidos políticos y candidatos? en las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales del país. Antes de eso no habia, sencillamente, nada. La ley en cuestión establece una serie de normas administrativas para el uso de los recursos en una campaña. Instaura la figura del administrador electoral, que es la persona encargada de cuadrar las platas y hacer las rendiciones correspondientes al Servicio Electoral y señala los montos para los aportes privados, los reservados y los públicos, entre otras medidas de fiscalización Claramente la del gasto electoral es una ley perforable. Cualquiera que haya hecho campaña lo sabe. ¿Cómo colocas 3 millones de pesos en una campaña sin comprometer a quien donó esa suma, que por monto debe ser un aporte reservado? Muy fácil, dividiendo esa cantidad por 10 y pidiéndole a igual número de adherentes que hagan la figura de aportar 300 mil pesos cada uno, lo que constituye aportes privados y anónimos. Casi como chiste de gallegos. Y como la ley es perforable, se hace necesario su perfeccionamiento. Pero por ahora, pone una señal de alerta. Funciona, con deficiencias, pero nunca tanto. El vaso está medio lleno. Habrá que mejorarlo. Porque si se trata de sospechar, nada indica que Girardi haya sido el único que malusó la rendición de cuentas de su campaña.